A falta de que la nueva Ley de Servicios de Pago sea ratificado por la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, los establecimientos podrán cobrar a sus clientes un recargo por el pago con tarjeta de crédito, equivalente a los gastos de gestión.

El texto acaba de ser tramitado en el Congreso y, de aprobarse, entraría en funcionamiento previsiblemente la primera semana de enero.

La cuantía del recargo es muy difícil de calcular. La cláusula, denominada “share”, contempla que “en toda prestación de servicios de pago que no incluya una conversión en divisas, los gastos serán compartidos entre ordenante y beneficiario”, algo muy novedoso en el ordenamiento jurídico español, ya que hasta el momento los gastos corren íntegramente de cuenta del comerciante.

Para que nos hagamos una idea, las plataformas de medios de pago lo sitúan en torno al 0,9% del precio del producto.

Los principales cambios de la ley afectan al uso de la tarjeta de crédito, aunque en otros aspectos servirá para acercarnos un poco más a Europa. Según explicó el Gobierno después de que se aprobara en Consejo de Ministros su remisión a las Cortes, “esta norma garantiza que los pagos realizados en el ámbito comunitario, en concreto las transferencias, los adeudos directos y las operaciones de pago efectuadas mediante tarjeta, puedan realizarse con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los pagos nacionales”.

Otras novedades que incorpora la ley son la posibilidad de realizar transferencias transfronterizas de forma segura, de utilizar tarjetas de débito en cualquier otro Estado y de operar con una sola cuenta corriente, sin necesidad de abrir una nueva por desplazarse a otro país por un periodo largo. Además, todas las trasferencias que se realicen llegarán con mayor rapidez: el beneficiario dispondrá del dinero como muy tarde el día siguiente de realizarse la operación.

Fuente: Antena3noticias.com